Según el reporte oficial del Ministerio de Justicia de Venezuela de fecha 19 de enero de 1.998, existe a nivel nacional sólo siete mil setecientas siete (7.707) personas que han sido sentenciadas por lo menos en primera instancia y diecisiete mil cuatrocientas sesenta y tres (17.463 ) personas que están a la espera de una primera decisión judicial (sentencia), en un universo de veinticuatro mil setecientas setenta y siete (24.777) personas que conforman la población carcelaria del país.
La falta de celeridad en los procesos judiciales permiten que tomando las cifras más conservadoras, uno de cada siete procesados tenga condena y el resto se encuentre a la espera de una decisión definitiva en su caso, la cual en la generalidad de los mismos es inferior al tiempo de espera que ha permanecido el individuo privado de libertad. Además, a las preocupantes cifras anteriores, hay que añadir el hecho de que en el mismo reporte se considere que la capacidad instalada total de las prisiones venezolanas sea de dieciséis mil ciento setenta y una (16.171) personas, es decir que se encuentran en un 153,3 % de su capacidad instalada.
Según el reporte de Fiscalización y Control del Sistema Penitenciario del Ministerio de Justicia, durante 1997, en el total de los establecimientos penales se presentaron 1003 heridos por armas blancas, 435 por arma de fuego, 188 muertes por armas blancas y 134 muertes por armas de fuego. Además, se decomisaron 15024 armas blancas, 192 armas de fuego y 2005 armas de fabricación casera. En otro reporte de la Dirección General Sectorial de Defensa y Protección Social del Ministerio de Justicia de fecha de inicio del 01/01/95 y de culminación 24/03/96, se estableció que se presentaron durante ese período, 853 reclusos heridos por armas blancas, 364 heridos por armas de fuego, 184 fugas del penal, 201 muertes por armas blancas, 4922 decomiso de drogas, 192 decomisos de armas de fuego, 24 decomisos de granadas, 1769 decomisos de proyectiles, 2645 decomisos de armas blancas, y 118 muertes por armas de fuego.
En términos generales, se puede afirmar que en las cárceles venezolanas no existen criterios mínimos de clasificación de la población interna. En la generalidad de los recintos carcelarios no están separados los individuos condenados de los penados, ni existe una selección con relación a la gravedad de los delitos cometidos. La distribución de los internos es establecida por ellos mismos y se basa en religión, zona geográfica de origen o bandas y vínculos afectivos, familiares o amistosos.
En definitiva se ha generado un sistema donde prevalece la corrupción en el interior de la gran mayoría de los centros carcelarios nacionales y que involucra a una cifra destacable de funcionarios públicos, lo cual implica el cobro de altísimas sumas de dinero para garantizar la seguridad y los privilegios, así como el tráfico de estupefacientes y armas de fuego en las instalaciones carcelarias.
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