El 27 de noviembre de 1992, el estado venezolano incurrió en graves violaciones a los derechos humanos en los sucesos incurridos dentro del Retén e Internado Judicial de Catia, fecha en la cual murieron aproximadamente 63 reclusos en circunstancias no aclaradas. COFAVIC denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la violación a los derechos humanos.
Los hechos se iniciaron aproximadamente a las 5 de la mañana del 27 de noviembre de 1992, después del segundo intento de golpe militar acaecido en Venezuela, y se sucedieron durante las siguientes 48 horas.
Según información recopilada por COFAVIC ante los reclusos, poco después de escuchar por radio del intento de golpe militar, los guardias abrieron las puertas del recinto carcelario y anunciaron que la población penal estaba en libertad. La confusión se adueñó del recinto penitenciario. La mayoría afirmó que se recluyó en sus celdas, para resguardar su vida.
La situación se manejó con la intervención masiva de la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana, quienes dispararon indiscriminadamente en contra de la población reclusa, utilizando armas de fuego y gases lacrimógenos. En estas circunstancias fueron asesinados aproximadamente 63 reclusos, cuyas muertes aún no han sido aclaradas suficientemente por las autoridades nacionales.
La Guardia Nacional incursionó en el Retén alrededor de la una de la tarde del 27 de noviembre. No se conoce con exactitud el número exacto de internos que se encontraban en la prisión, toda vez que para la época de los hechos, la misma no poseía un registro actualizado.
No se conoce de intentos de agotar las posibilidades de negociación con los reclusos ni la reducción de la situación a través de la implementación de medidas proporcionales y graduales con los hechos que se desataron. Los fiscales del Ministerio Público accedieron al Retén el día 28 de noviembre y no se les permitió el ingreso a todo el penal hasta el día siguiente. A partir del 29 de noviembre centenares de reclusos fueron trasladados a otras prisiones del país.
En relación a estos hechos se abrieron investigaciones judiciales tanto en la jurisdicción ordinaria como en la militar. Las investigaciones se encuentran en la etapa sumaria del proceso penal. La situación sigue siendo la misma, a pesar de haber transcurrido seis años de los hechos denunciados.
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